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Nativos denuncian violencia de maderera: dos muertos y 14 desaparecidos.
En una reunión entre diversas comunidades nativas y centros poblados del distrito de Raimondi, provincia de Atalaya, región Ucayali, se decidió iniciar medidas de fuerza frente a lo que consideran una política abusiva por parte de una empresa maderera que viene despojándolos de sus tierras ancestrales. El saldo es trágico: dos comuneros asesinados y al menos 14 desaparecidos.
Wilber Lázaro Coquinche denunció públicamente el asesinato de dos de sus familiares, a quienes identificó como Benny Raúl Coquinche Vásquez y Andy Raúl Coquinche Vásquez, comuneros de Maniquiari. Ambos habrían sido ultimados el pasado 12 de noviembre de 2025 y se insiste en los desaparecidos.
Estos hechos fueron registrados en un acta firmada por representantes de comunidades de la zona, durante una reunión realizada el pasado 3 de diciembre en el área conocida como “Y”, foco del conflicto territorial.
Según el documento, numerosos indígenas han sido desalojados, sus viviendas incendiadas y hasta madres de familia golpeadas mientras intentaban ingresar a sus terrenos.
Los dirigentes Marvin Sánchez López, Hilda Reátegui, de la comunidad de Santa Fe, Víctor Raúl Dipas, Zózimo Ramos Torres, José Rojas Espinoza, Juan Águila Cabezas, entre otros, señalan que esta es la tercera vez que convocan a una reunión para exponer su situación ante las autoridades. Y que desde Lima solo se ha hecho presente el congresista Jorge Zeballos Madariaga.
Los líderes comunales responsabilizan a la empresa maderera Florida SAC, ligada al excongresista Jaime Velásquez, y a otra compañía del mismo rubro, por haber obtenido de manera irregular concesiones forestales en el distrito.
Aseguran que se violaron los procedimientos de control y que las empresas han estado depredando los últimos árboles maderables de alta calidad.
“El gobierno otorgó la concesión sin siquiera una inspección ocular en la zona”, denunció uno de los dirigentes. Las comunidades exigen de forma unánime que el Estado rescinda inmediatamente dicha concesión, y que se investiguen los abusos cometidos por los “guardabosques” y matones que “actúan con violencia para expulsar a los nativos y apropiarse de sus tierras.
Zózimo Ramos Torres anunció que, ante la inacción del Estado, se evalúa tomar medidas drásticas como bloquear el río Urubamba, principal vía fluvial hacia el proyecto Camisea, como forma de protesta frente a la insensibilidad del Gobierno Central.
Los comuneros señalaron que, previamente, ya habían presentado denuncias ante el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), sin obtener respuestas concretas.
