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Su abogado, Humberto Abanto, adelantó que pedirá que la JNJ reincorpore a Benavides como fiscal suprema debido a que ya venció su mandato como titular del Ministerio Público.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que encabeza el juez César San Martín declaró fundada la apelación que presentó la defensa legal de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, con el objetivo de anular su suspensión de 24 meses en el cargo de fiscal suprema.
El abogado de Benavides Vargas, Humberto Abanto, adelantó a Perú21 que ya fue notificado de la decisión judicial de anular la sanción que se impuso a su patrocinada y señaló que en las próximas horas pedirá a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la reintegre al Ministerio Público como fiscal suprema, debido a que su mandato como titular de la institución ya venció.
«Su mandato -como fiscal de la Nación- venció el 1 de julio. Con esta resolución vamos a pedir a la JNJ que reactive el procedimiento de ejecución forzosa de la reincorporación -de Patricia Benavides- y ya depende de los plazos de la JNJ. Esperamos hacer este pedido hoy mismo de ser posible», declaró para este diario.
CUESTIONAMIENTOS
De acuerdo con la resolución de la Corte Suprema a la que accedió este diario, a Benavides se le imputaba la designación de cuatro abogados en el Equipo Especial Cuellos Blancos a pedido del abogado Luis Castillo Alva y de la empresaria Mirtha Gonzáles Yep. A cambio de esto, Castillo y Gonzáles habrían coordinado la elaboración de un informe policial que benefició a la entonces fiscal de la Nación en una denuncia que tenía en la JNJ.
En el documento también se indica que a Benavides se le imputaba el haber aceptado «apoyar» a Castillo Alva en la investigación que tenía por el caso «Cuellos Blancos» a cambio de que este y Mirtha Gonzáles Yep mediaran ante dos miembros de la JNJ, cuyas identidades son desconocidas, a fin de beneficiarla en una investigación que tenía en la entidad encargada de designar y remover jueces y fiscales.
Además, en la resolución se indica que la exfiscal de la Nación fue instigadora del delito de encubrimiento personal porque influyó sobre el fiscal Franklin Tomy López para sustraer al fiscal Javier Huamaní Muñoz de la investigación por el caso «Cuellos Blancos».
Sin embargo, en los argumentos expuestos por la sala suprema se indica que no es posible otorgar la medida de suspensión temporal contra Benavides mientras el Congreso no autorice la apertura de una causa penal en su contra.
Precisamente el pasado 25 de julio la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió no aprobar el informe de calificación de la denuncia en contra de Benavides, impidiendo que la Fiscalía inicie las pesquisas contra ella por los delitos de cohecho pasivo especifico, abuso de autoridad y encubrimiento personal.
