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La Comisión Permanente aprobó, con 12 votos a favor y 10 en contra, el informe que recomendaba archivar la denuncia contra la presidenta. La Comisión Permanente del Congreso aprobó este jueves, con 12 votos a favor y 10 en contra, el informe final que recomienda archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, investigada como presunta responsable por omisión en los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves durante las protestas antigubernamentales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
La acusación había sido presentada por el ex fiscal de la Nación Juan Carlos Villena e incluía también a los ex primeros ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, así como a los ex titulares de los ministerios del Interior y Defensa: César Cervantes, Jorge Chávez, Víctor Rojas y Vicente Romero.
El documento, elaborado por el congresista José Jerí, sostiene que no existen pruebas suficientes para acreditar una responsabilidad directa o dolosa de los implicados en las muertes registradas durante las movilizaciones.
Según el informe, los documentos y testimonios presentados por la Fiscalía no demuestran de manera clara que los exfuncionarios hayan utilizado el aparato estatal con la intención de causar los fallecimientos o lesiones.
Además, se descarta la aplicación de la figura del deber de garante, argumentando que esta se basa en normas constitucionales generales y no puede atribuir responsabilidad penal en este caso.
La denuncia estaba vinculada a los hechos ocurridos en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, periodo en el que Boluarte asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo.
De acuerdo con el Ministerio Público, durante ese tiempo 44 personas fallecieron, 47 resultaron con lesiones graves y 69 con lesiones leves.
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