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El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) concluyó que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo es arbitraria y solicitó su liberación inmediata, junto con el pago de una indemnización y otras reparaciones.
Según el dictamen, aprobado en noviembre de 2025 y hecho público recientemente, la detención de Castillo el 7 de diciembre de 2022 —tras su fallido intento de disolver el Congreso— se realizó “sin base legal, sin orden judicial, sin informarle los motivos y sin respetar su inmunidad presidencial”.
El grupo de expertos independientes considera que se violaron la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El documento señala además la ausencia de alternativas menos gravosas a la prisión preventiva, presiones a la defensa y una campaña mediática que presentó al exmandatario como culpable antes de juicio. El GTDA pide al Estado peruano investigar las irregularidades y sancionar a los responsables de la injusticia contra el exmandatario.
