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Exfuncionario descarta que medida afectaría imagen del país frente a la comunidad internacional.
El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, instó tanto al gobierno del presidente José Jerí como al Congreso de la República a impulsar la iniciativa para que el Perú abandone las competencias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de que se pueda aplicar la pena de muerte contra los delincuentes que integran bandas criminales.
“A estas alturas de la vida del país, que se debate entre la persistencia de una democracia con sus altibajos que ya conocemos y perderse en la orfandad, casi como un Estado fallido, el único salvamento para que el Perú pueda encontrar el espacio hacia la recuperación, la estabilidad, la paz y la tranquilidad es tomar la decisión histórica, sin que le tiemble la mano al gobernante o a las autoridades de turno, de decidir la denuncia del Pacto de San José”, indicó el exfuncionario en conversación con EXPRESO.
Pese a los cuestionamientos que se han hecho en torno a esta propuesta para abandonar las competencias del Pacto de San José por el tiempo que demandaría, frente a una crisis de inseguridad ciudadana que requiere medidas inmediatas, Rodríguez Mackay afirmó que este procedimiento tardaría aproximadamente un año. “Solamente un año, contado a partir del momento en que se dirige, a través del gobierno de turno, la comunicación formal al secretario general de la Organización de Estados Americanos, comunicando la decisión soberana de desligarse del Pacto de San José. Eso nos tomaría solo un año. Una vez culminado el año, el Perú estará expedito para poder aplicar la pena de muerte, lo que es lo mismo que liberarnos de la atadura del artículo cuarto, que impide la aplicación de la pena de muerte para delitos comunes”, sostuvo.
Rodríguez Mackay también negó que esta iniciativa vaya a afectar la imagen del Perú frente a la comunidad internacional, como han afirmado también otros diplomáticos.
En ese sentido, el excanciller aclaró que, porque otros países sumidos en dictaduras como Venezuela y Nicaragua hayan adoptado esta medida, no colocaría en la misma categoría al Perú, un Estado democrático.
fuente: expreso
