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El Ministerio del Interior (MININTER) ha dispuesto que el suboficial Darwin Max Condori Antezana, acusado del feminicidio de Sheyla Cóndor, sea sepultado sin honores ni distinciones propias de su cargo. Además, se ha emitido una orden tajante que prohíbe la asistencia de efectivos policiales al entierro, advirtiendo que cualquier agente que incumpla esta disposición podría ser dado de baja de la institución.
La medida refleja la postura firme del MININTER ante hechos de violencia que involucran a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP). Este caso, que ha generado una profunda indignación en la sociedad, ha puesto nuevamente en debate la responsabilidad de las autoridades en la prevención y sanción de la violencia de género.
Con esta decisión, se busca enviar un mensaje contundente contra cualquier acto que atente contra la dignidad y los derechos humanos, reforzando el compromiso de la PNP y del Estado en la lucha contra el feminicidio y la impunidad.
UN MENSAJE DESDE LA INDIGNACIÓN CIUDADANA.
Con esta medida no se devuelve una vida. En primer lugar, la comisaría ignoró la desesperación de una madre que pedía ayuda para encontrar a su hija. Se burlaron de su dolor y las autoridades no actuaron cuando más se les necesitaba. Hoy, tras la tragedia de un feminicidio atroz, cuando la vida de Sheyla Cóndor ha sido arrebatada de la forma más cruel, recién se toman acciones.
Es una pena que las medidas lleguen demasiado tarde, cuando el daño ya es irreparable. La población exige justicia real, no solo gestos simbólicos, y un compromiso efectivo para prevenir que otra familia tenga que vivir este calvario. Basta ya de indiferencia.
