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Esta semana, 107 congresistas demostraron ser los enemigos de los niños del Perú. Aprobaron una ley que les abre las puertas de las escuelas a docentes que no lograron aprobar o se negaron a dar un examen de conocimientos que evaluaría su nivel pedagógico.
La exministra de Educación Marilú Martens se cuestiona si los parlamentarios tienen los suficientes conocimientos para tomar una decisión que afecta a millones estudiantes del sistema público.
El jueves, mientras casi todo el Perú miraba el partido contra Paraguay, el Congreso aprobaba una ley que les abría la puerta de las escuelas a docentes que jalaron su prueba de conocimiento. ¿Qué significa eso para el país?
Sin duda es un retroceso. Desde 2012 tenemos una Ley de Carrera Pública Magisterial en la que el componente de meritocracia tiene un rol importante. Es esta política educativa que tiene como uno de sus pilares la revalorización de la carrera docente. Es un golpe duro para más de 350 mil profesores que están en el sistema educativo nacional.
El Congreso usó el argumento de la reivindicación de derechos como justificación para aprobar esta ley.
Ese argumento no es válido y no es cierto. Cuando se aprueba la Ley de la Carrera Pública Magisterial en 2012, se da un periodo de dos años a los docentes que están por titularse para que puedan hacerlo y se les pidió que, al igual que el resto de docentes, se presentaran al examen de ingreso a la carrera magisterial.
